2 oct. 2019

El PRyA en contra de la decisión del gobierno socialista de ceder a los intereses de los productores de cava catalanes


02.10.2019.- El Partido de Requena y Aldeas ha manifestado su oposición a la decisión del Gobierno socialista de aprobar un Real Decreto por el que se dan más competencias a la Denominación de Origen Cava en detrimento del Ministerio de Agricultura.

Hasta este momento, al ser una denominación de origen que supera el término de una comunidad autónoma, el Gobierno Central es quien tomaba las decisiones después de tomar en consideración las propuestas de las zonas productoras.  Ahora, al ceder estas competencias el Gobierno del PSOE a la D.O. Cava, se deja al resto de productores en una situación de desventaja respecto a Cataluña. Cabe recordar que en la D.O. Cava, los productores catalanes tienen mayoría absoluta frente a los productores de otras comunidades autónomas, por lo que cederles todas las competencias es traicionar al resto de productores de España, entre los que se incluyen los agricultores requenenses.

Con esta decisión, según el PRyA “lo que ha hecho el ejecutivo socialista de Pedro Sánchez es que la denominación de origen tenga la facultad de limitar las plantaciones para el cava, que antes era decisión del Gobierno Central, lo que va en contra de los intereses de los productores requenenses”.

En estos momentos existen intereses enfrentados entre los productores catalanes y los del resto de España, puesto que mientras que los primeros quieren una limitación en el mercado por la situación política que actualmente vive esa comunidad autónoma debido a los separatistas, los segundos quieren que no exista esa limitación, puesto que las ventas del cava no catalán están creciendo sin parar en los últimos años. Con esta medida, el Gobierno del PSOE ha cedido a las presiones de los productores catalanes, traicionando así a los del resto del país.

El PRyA exige al gobierno socialista de la Comunidad Valenciana, presidido por Ximo Puig, que presente un recurso contra la decisión adoptada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al igual que ha anunciado el gobierno extremeño, para defender así los intereses de los productores requenenses.

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