19.11.2018.- El
diputado de EUPV al Congreso, Ricardo Sixto, ha criticado de nuevo el derroche
de dinero que supone para las arcas estatales la paralización de las obras del
centro Penitenciario de Siete Aguas y que ya alcanzan los 850.000 euros. En una
respuesta dada al representante valenciano en la Cámara Baja, el Gobierno
asegura que desconoce los motivos de la paralización de esta obra y que todavía
tiene que estudiar la situación “anómala” que se ha creado e intentar
solucionarla.
El pasado mes de
julio Ricardo Sixto volvió a dirigir una batería de preguntas al Gobierno
encabezado por Pedro Sánchez para conocer los planes del nuevo Ejecutivo para
las obras paralizadas del centro penitenciario de Siete Aguas después de años
de inacciones por parte del PP.
El diputado
valenciano ha recordado que los populares ya reconocieron que desde que se
paralizaron las obras en 2014 hasta junio de 2017 el coste de la vigilancia de
las instalaciones ascendía a 600.000 euros. En cambio, esta cantidad todavía es
mayor debido a que el nuevo Gobierno confirma que se continúa abonando este
gasto que llega a 14.262 euros al mes. “Esto quiere decir que desde entonces
esta cifra se ha incrementado y ya supera los 850.000 euros, cantidad a la cual
hay que añadir el coste del contrato de construcción de la obra que,
finalmente, ascendió a 89.144.228 euros después de una modificación con
sobrecostes”.
Además, también
se indica en dicha respuesta que hasta el mes de octubre de 2018 se habían
certificado del contrato de construcción de la obra principal la cantidad de
14’5 millones de euros de un presupuesto de 89’1 millones, es decir, un 16’2
por ciento. Estos datos "evidencian que cada día que pasa sin que este
equipamiento esté abierto supone un nuevo dispendio económico que al final
pagamos todos los ciudadanos por la propia ineficacia de la política llevada a
cabo por el PP y la falta de solución al mismo por parte del PSOE”, ha afirmado
Ricardo Sixto.
Hay que recordar
que las obras fueron adjudicadas en marzo de 2010 por el Gobierno de Zapatero a
la UTE de Sacyr-Indra para la construcción del que sería el futuro centro
penitenciario Levante II y que contaría con una capacidad para 1.194 internos,
con 1.008 celdas distribuidas en diez módulos residenciales, cuatro
polivalentes y cuatro de mujeres.
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