La consellera de Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, que ha intervenido junto a Alcaraz para explicar el contenido de la nueva ley, ha señalado que "forma parte de toda una serie de líneas de trabajo que conforman en conjunto una política agroalimentaria valenciana", una labor que "había faltado en los últimos años, lo que está provocando situaciones en el sector agrario que era necesario abordar y que no se atendían desde hacía mucho tiempo".
En este sentido, Cebrián ha destacado que "esta ley tiene que entenderse como un instrumento dinamizador que ayude a superar las debilidades, dando rentabilidad a la producción agraria valenciana, y a aprovechar las muchas fortalezas que tiene nuestro sector".
La consellera de Agricultura ha insistido en que "se trata de una herramienta fundamental para adaptar la agricultura valenciana a los retos actuales y, en definitiva, al siglo XXI. Y también para devolver la ilusión y el orgullo al sector agrario valenciano".
"En definitiva, con esta Ley de Estructuras Agrarias lo que pretendemos es contribuir a reforzar, favorecer y agilizar las mejores condiciones estructurales que ayuden a nuestra producción, de manera que sea competitiva, rentable y sostenible", ha indicado Cebrián.
De este modo, el objetivo principal de esta ley es establecer un nuevo marco general que impulse la mejora de las estructuras agrarias en la Comunitat Valenciana, con el fin de superar la pérdida de rentabilidad de los últimos años y contribuir a la consolidación de una agricultura que ofrezca oportunidades de vida digna, que fomente la incorporación de jóvenes y mujeres y potencie a los profesionales, apostando por la sostenibilidad.
Entre las novedades que introduce se encuentra la creación de la figura del agente dinamizador; la elaboración de un mapa agronómico como herramienta de planificación; la puesta en marcha de una Red de Tierras o la introducción de incentivos fiscales a la adquisición y al arrendamiento de fincas rústicas, entre otras medidas.
Una vez aprobado el texto por el Consell, será ahora remitido al Consell Jurídic Consultiu y el Consell Econòmic i Social con el fin de que elaboren los dictámenes pertinentes. Asimismo, se enviará a asociaciones profesionales de ganadería o otras entidades del sector, cooperativas, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, ingenieros agrónomos y otras administraciones e instituciones públicas con el fin de que hagan las alegaciones pertinentes.
