21.11.2023.- La UNIÓ ha pedido a los eurodiputados españoles, a través de su organización estatal Unión de Uniones, que voten en contra del reglamento sobre fitosanitarios que se aprueba mañana en el Parlamento Europeo y que prevé una reducción a la mitad de estos en el año 2030, sin ningún tipo de alternativas viables para los agricultores. La organización alerta que la nueva norma europea continúa siendo limitante para la actividad agrícola en zonas sensibles con problemas fitosanitarios específicos como es la Comunitat Valenciana.
La organización denuncia además la hipocresía de la Comisión Europea que plantea una propuesta de reducción de fitosanitarios y al mismo tiempo no hace nada por evitar las importaciones con fitosanitarios prohibidos en su territorio. En este sentido, como último ejemplo Estados Unidos ha vuelto a autorizar el uso del clorpirifos prohibido en la UE desde 2020, por lo que, a juicio de Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora, “las autoridades europeas deberían revisar el informe contrario a su autorización emitido en su momento por la EFSA para no perder competitividad con los productores de terceros países o bien prohibir las importaciones con productos tratados con esa materia activa. Los productores y consumidores europeos nos merecemos el mismo trato”. Peris reclama de este modo coherencia porque los datos de interceptaciones en fronteras de la UE con productos que contenían clorpirifos son “demoledores y no podemos continuar con esa disparidad de criterios en algo tan importante como es el uso adecuado de fitosanitarios”.
Las organizaciones que integran la Unión de Uniones han remitido así un escrito a los eurodiputados españoles para que voten en contra de la propuesta del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo sobre el uso sostenible de fitosanitarios, que se votará mañana, 22 de noviembre, en el Parlamento Europeo, porque continúa siendo negativa y limitante para la actividad agraria e imposibilitaría el cultivo de algunas producciones tradicionales en áreas calificadas como ecológicamente sensibles.
La organización ha denunciado a lo largo de los últimos meses que las administraciones ponen como objetivo de la nueva política agraria la sostenibilidad y la soberanía alimentaria, con la reducción del 50% de fitosanitarios en el año 2030, pero sin tener en cuenta la existencia o no de alternativas de métodos de control no químico. Por eso, sin inversión pública en investigación ni en transferencia tecnológica ni en asesoramiento en métodos alternativos al control químico de plagas, enfermedades y malas hierbas, el sector productor queda sin herramientas para combatirlas. En este sentido, recuerda que, de más de 1.485 materias activas fitosanitarias registradas, en la Unión Europea solo hay 444 admitidas.
LA UNIÓ ya viene alertando hace meses que la nueva normativa para el uso de fitosanitarios en la Unión Europea comportará una menor productividad de la agricultura porque limita el uso de estos productos sin ninguna justificación científica. Advierte que la normativa también supondrá una dependencia más grande de las importaciones de alimentos otros países, porque producen con mucho menos respeto para el medio ambiente y la seguridad humana y, por lo tanto, la contribución a una agricultura menos sostenible en lugar de ir en sentido contrario. En cuanto al uso de los fitosanitarios en zonas sensibles, la organización defiende que se siga aplicando la normativa actual, que ya prevé obligaciones respecto a estos productos para evitar la contaminación de las aguas.
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