11.02.2019.- Las operaciones de compraventa deberán quedar
reflejadas obligatoriamente en forma escrita e inscribirse en un registro de
operadores, contratos y relaciones jurídicas agrarias, que se creará al efecto.
Así lo contempla la ley 2/2019, de 6 de febrero, de la
Generalitat, que reforma la Ley 3/2013, de 26 de julio, de los Contratos y
otras Relaciones Jurídicas Agrarias, publicada por el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.
Esta variación tiene como objetivo ampliar la protección del
productor agrario, la parte más débil del trato de compraventa, y evitar la
'venta a resultas', práctica prohibida actualmente por la legislación
autonómica y nacional.
De este modo, el artículo 6.2 quedará redactado así:
"El contrato será siempre escrito y se entenderá perfeccionado cuando las
partes prestando su consentimiento lo firmen".
La creación de un registro de contratos de compraventa
agrícolas dará constancia de los contratos firmados por las dos partes para
evitar que haya abusos y que se pueda recurrir para demostrar incumplimientos
de contratos.
Este registro también tendrá como objeto aportar al sector
una mayor transparencia e información de precios de tal manera que, mediante
esta reforma, se crea una base de precios real y diaria de las transacciones de
productos agrícolas que redundará en una mayor seguridad jurídica para el
sector.
El texto de la reforma también recoge una medida muy
demandada por el sector agrícola: la aparición en el contrato de compraventa de
la fecha o las fechas, según los casos, de recolección o de recogida de la
producción; además de la fecha en la que se efectuará el pago. Esta última
fecha, la de pago, es importante para evitar la compra «a resultas».
Con estas últimas medidas se evitará que la cosecha quede un
tiempo excesivo en la planta y produzca mayores costes a la parte productora,
de igual manera que asegura el buen trabajo sobre el producto hasta
recolectarlo.
Además, para una mayor eficiencia, la reforma incluye un
capítulo en el que se tipifican una serie de infracciones y sanciones.
El texto de la reforma establece que el Consell aprobará las
normas reglamentarias necesarias para su desarrollo y, en concreto, los modelos
normalizados de contratos y vales previstos en ella y las normas necesarias
para la puesta en marcha del registro y fomentará el arbitraje y la mediación
en el ámbito de los contratos que regula la ley a través de una Junta de
Arbitraje y Mediación.
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