06.08.2018.- La Diputación de Valencia ha aprobado una nueva
convocatoria del plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), el
cuarto desde que se inició la legislatura. En esta ocasión, los 9 municipios de
Requena-Utiel dispondrán de 1.478.774,79 euros para mejorar espacios y
servicios públicos en actuaciones que tendrán que ejecutarse antes del 31 de
diciembre de 2019, y que podrán financiar obras ya realizadas desde el 1 de
enero de este año.
La cuantía de las ayudas alcanza desde los 78.953,11 euros
de Caudete de las Fuentes hasta los 443.009,63 euros para el municipio de
Requena, pasando por los 127.357,81 euros de Sinarcas o los 233.202,23 euros
para el municipio de Utiel.
La vicepresidenta, Maria Josep Amigó, ha asegurado que “tres
años después del cambio político, esta corporación ha consolidado una nueva
forma de gobernar, basada en la justicia en el reparto de los recursos, la
colaboración con la Generalitat, la gestión eficaz que fomenta la autonomía
municipal y el fin del clientelismo”.
Además, Amigó ha afirmado que estos planes “sirven para
paliar el déficit de financiación de nuestros pueblos y ciudades, que ha
imposibilitado en muchos casos la prestación de servicios básicos de calidad”.
Por su parte, el diputado de Cooperación, Emili Altur, ha
señalado que los ayuntamientos “tienen prácticamente libertad absoluta para
decidir en qué obras se invierte el dinero”, con un catálogo que alcanza desde
la mejora de redes de abastecimiento de agua y alcantarillado hasta la
renovación de instalaciones deportivas, pasando por recogida y tratamiento de
residuos, energía, iluminación pública, gestión del conocimiento, promoción
turística, comercio, parques y jardines, ordenación del tráfico, equipamientos
culturales, carreteras y caminos, protección del patrimonio e intervención en
colegios de Infantil y Primaria.
Respecto a los criterios de reparto de estas ayudas, tanto
para Requena-Utiel cómo para el resto de comarcas, Altur ha explicado que “el
34% se concede por el valor marginal, o lo que es lo mismo la mera existencia
como municipio, el 30% en función de la población, el 10% según la superficie y
otro tanto en función del número de parados registrado, y otros parámetros como
el coste de los servicios, la existencia de núcleos históricos o la adhesión al
Pacto de Alcaldías, que mide la implicación de cada municipio con el medio
ambiente”.
