Efectivamente, desde
que en 2008 la Unión Europea (UE) obligó a España a suprimir las tarifas
especiales que estaban vigentes para la energía eléctrica empleada en la
extracción de agua subterránea con fines agrícolas, las empresas del sector,
junto a los sucesivos gobiernos, fueron configurando un procedimiento de pago
que a la larga se ha revelado tremendamente negativo para los intereses de los
agricultores porque no está adaptado a las necesidades de las zonas de regadío
y, en última instancia, obliga a los productores a pagar por una potencia
eléctrica que no están consumiendo en realidad.
La clave de este
desajuste que perjudica a los regantes y favorece a las compañías eléctricas,
con el beneplácito y la connivencia de los gobiernos de turno, se encuentra en
que el referido sistema tarifario únicamente permite a los agricultores -tanto
particulares como agrupados en entidades de riego- solicitar un único cambio de
potencia anual. La potencia se regula en tres modalidades contractuales
distintas –punta, llano y valle- que varían de precio en función de la
intensidad de la misma y la legislación vigente, al obligar a los regantes a
calcular con antelación la potencia eléctrica que quieren contratar a lo largo
de todo un año sin posibilidad de rectificar sus estimaciones basándose en la evolución
del clima y las cosechas, les empuja a incurrir en sobrecostes.
AVA-ASAJA, tal como se
apuntaba al inicio del comunicado, estima que el sobrecoste anual que afronta
el regadío valenciano se sitúa en torno a los 9,2 millones euros. Los servicios
técnicos de esta entidad agraria subrayan, además, que se trata de una
evaluación sumamente conservadora, puesto que a la hora de establecerla sólo se
han tenido en cuenta las alrededor de 153.000 hectáreas que usan aguas
subterráneas, y por tanto energía eléctrica, de una superficie total de regadío
en la Comunitat Valenciana próxima a las 300.000 hectáreas. No se puede perder
de vista, sin embargo, que en buena parte de las 150.000 hectáreas que emplean
aguas superficiales se ven obligados a recurrir también a la electricidad para
rebombear el agua de una zona a otra, de manera que si se hubiese incluido esa
variable en el informe el sobrecoste, calculado a partir de una media de 60
euros por hectárea, sería aún mayor.
La propuesta
legislativa que AVA-ASAJA lanza al Ministerio de Industria para acabar con esta
situación claramente abusiva por parte de las compañías eléctricas resulta tan
sencilla como eficaz y consiste, simplemente, en autorizar a los agricultores a
solicitar dos cambios de potencia al año, en lugar de ese único cambio que está
permitido en la actualidad. Así, los regantes, siempre a la vista del
desarrollo del clima y los cultivos, podrían determinar con mucha mayor
precisión cuáles son sus necesidades reales de potencia eléctrica para efectuar
los riesgos y contratarla en virtud de ese análisis más ajustado.
“Lo que pedimos es
lógico, justo y razonable”, asegura el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal
Aguado. “La agricultura –explica- está sometida a una casuística muy diversa y
lo normal sería que se nos proporcionasen las herramientas necesarias en
materia energética para poder adaptarnos a las circunstancias que se vayan
presentando. No queremos pagar menos, pero tampoco más de lo que necesitamos ni
consumimos y la autorización de dos cambios de potencia al año nos facilitaría
las cosas y contribuiría a aliviar la situación de un sector descapitalizado y
en crisis. Confío en que el Gobierno y las eléctricas se muestren sensibles y
receptivos ante nuestra demanda”.
