05/04/2017.- La consellera de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, ha afirmado que "la
ley de Estructuras Agrarias debe verse como un instrumento dinamizador de la
agricultura en la Comunitat Valenciana" que aprovechará las fortalezas del
sector y contribuirá a superar sus debilidades estructurales.
Durante su comparecencia en Les Corts para explicar la
tramitación de este anteproyecto de ley, Elena Cebrián ha explicado que el
Consell la impulsa para corregir los rasgos estructurales que impiden alcanzar
una adecuada dimensión física o económica de las explotaciones agrícolas;
superar las barreras de entrada a la actividad para los jóvenes o aquellos que
quieran incorporarse a la agricultura; potenciar el papel de la agricultura en
la conservación de suelo, agua y en la lucha contra el cambio climático, así
como recoger y dar respaldo legislativo a multitud de iniciativas, como la
gestión común o los bancos de tierra.
A este respecto, Cebrián ha recordado que el pasado 3 de
marzo el Consell aprobó el anteproyecto de Ley y actualmente se trabaja en la
revisión del texto para su adaptación a las recomendaciones indicadas en el
informe emitido por la Abogacía de la Generalitat.
Asimismo, ha informado de que el documento continúa ahora
su tramitación, consistente en la emisión de sendos dictámenes del Consell
Econòmic i Social y del Consell Jurídic Consultiu.
Posteriormente, se someterá
a exposición pública y a consultas de organizaciones del sector. Una vez
completados estos trámites, se elevará de nuevo al Consell para, en su caso,
aprobación como proyecto de ley y finalmente será remitido a la cámara para su
debate parlamentario y posterior votación.
La titular de Agricultura ha destacado como objetivo
principal de la ley la configuración de un nuevo marco general que impulse la
mejora de las estructuras agrarias en la Comunitat Valenciana. Como novedades,
incorpora la creación de la figura de agente dinamizador; un mapa agronómico
que constituirá una herramienta de planificación para las políticas agrarias de
la Generalitat; la creación de una Red de Tierras, o la figura de la Iniciativa
de Gestión Común (IGC). Asimismo, plantea medidas de apoyo público a la
reestructuración parcelaria con apoyo del Consell e introduce incentivos
fiscales a la adquisición y arrendamiento de fincas rústicas.
