15 ago 2020

Justicia mejora la iluminación de los juzgados de Requena

15.08.2020.- La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha llevado a cabo ocho actuaciones de sustitución de luminarias antiguas por unas de nueva iluminación led en las sedes de la Comunitat Valenciana. Además, está ejecutando o en periodo de licitación otras cinco actuaciones.

Entre las ocho obras finalizadas que se han llevado a cabo se encuentran los juzgados de Requena. Estas instalaciones han supuesto una inversión de 1.122.828 euros.

Todas estos trabajos, con una inversión superior a los 1,4 millones de euros, suponen una mejora muy importante en las condiciones de iluminación de los edificios. En esta línea, un total de 13 sedes judiciales renovarán su iluminación por unas nuevas instalaciones de iluminación led que reducirán el consumo medio de energía eléctrica de los edificios entorno al 6,5%.

Plan Eficiencia Energética

Estas obras se enmarcan en el Plan de Eficiencia Energética puesto en marcha por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública con el objetivo de reducir el consumo y ejercer un papel ejemplificador en materia de ahorro y eficiencia energética en las sedes judiciales de la Comunitat.

Asimismo, estas actuaciones están financiadas por el Fondo de Inversión en Diversificación y Ahorro de Energía (FIDAE) y enmarcada en los fondos JESSICA de la Unión Europea con un presupuesto global de 8,5 millones. Se trata de unas ayudas encaminadas a realizar proyectos de desarrollo urbano sostenible.

La Diputación actúa en la zona anexa al cementerio de Jalance

15.08.2020.- El Área de Medio Ambiente de la Diputació de València ha actuado, a través del programa de recuperación de espacios degradados, en la zona anexa al cementerio de Jalance.

Como explica la vicepresidenta de la Diputación y responsable del Área de Medio Ambiente, Maria Josep Amigó, “las obras han eliminado un gran impacto visual desde las zonas accesibles como el campo de fútbol municipal con el que prácticamente lindaban los residuos, a unos 50 metros de la instalación deportiva”.

El área degradada ambientalmente, ahora recuperada, se sitúa al sur del cementerio municipal de Jalance y se accede a su plataforma superior por el acceso este al Polígono Industrial el Cerro, desde la calle Calvario.

La plataforma superior de la zona de vertido se había desarrollado con los años sobre un barranco al sur del cementerio, en el que se habían ido vertiendo residuos inertes, tales como materiales de construcción, rocas, escombros sin clasificación, gravas o limos. Estos vertidos habían avanzado sobre la pendiente del barranco cubriéndolo parcialmente y generando un talud de escombros de 18 metros de altura y 23 metros de desarrollo horizontal, ocupando parte de una vaguada natural.

Los trabajos realizados han sido los siguientes: instalación de un muro de escollera de unos 3 metros de altura en la base del talud para darle estabilidad y así evitar el deslizamiento del talud; retirada de parte de escombros y materiales voluminosos; reconfiguración topográfica del talud de vertido para darle mayor estabilidad pasando de los 38 grados de inclinación a los 15 grados; aporte de tierra vegetal para una posterior plantación; y por último, instalación del drenaje de recogida de aguas pluviales en la parte alta del talud. 

El presupuesto del proyecto ha ascendido a 48.302,79 euros con una inversión de la Diputació del 92,5% y del Ayuntamiento del 7,5%.

Una de las ayudas de Conselleria de Agricultura por la Covid-19 solo reparte 49.500 euros

15.08.2020.- Una de las ayudas más importante de la Conselleria de Agricultura para paliar las pérdidas originadas por la Covid-19 entre los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana ha resultado un absoluto fracaso, tal y como ya auguraba LA UNIÓ de Llauradors.

Esta semana se ha publicado en el DOGV la resolución de la concesión de las ayudas a las personas productoras primarias que realizan venta directa en lonjas, alhóndigas o al por menor, de productos agroalimentarios afectados por la Covid-19, del Decreto 59/2020, de 8 de mayo, del Consell, de aprobación de bases reguladoras y de concesión directa de subvenciones a entidades, empresas y personas en régimen autónomo del sector primario, que han sufrido pérdidas económicas por Covid-19.

El presupuesto para esta línea de ayuda era de 2.250.000 euros y únicamente se han destinado 49.500 euros, es decir, solo se ha podido ejecutar el 2,2% del presupuesto, tras acceder únicamente 33 personas a estas ayudas por las limitaciones establecidas en la normativa.

Estas ayudas ya fueron criticadas por LA UNIÓ en su día, entre otros motivos por las dificultades de acceso a las personas físicas al no disponer de certificado digital. Ahora, la resolución publicada con la concesión le da la razón.

Cabe señalar que LA UNIÓ ha tenido que recurrir al Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Generalitat para conseguir toda la información relacionada con el expediente del Decreto 59/2020, después de que la Conselleria de Agricultura no contestara al recurso de reposición que presentó ante estas ayudas el pasado mes de junio. Finalmente, y una vez remitida esta información en el día de ayer, se estudiará la oportunidad de presentar un Contencioso Administrativo.   

En este sentido, la organización reclama a la Conselleria de Agricultura una rectificación y, por tanto, la redacción de un nuevo Decreto para que las personas afectadas por la Covid-19 puedan acceder a estas ayudas y poder destinar a ellas, el 97,80% del presupuesto restante que no se ha consumido en esta línea y, en cualquier caso, a sectores agrarios afectados por la Covid-19, tanto agrícolas como ganaderos.

LA UNIÓ basaba su argumentación jurídica sobre el recurso de reposición interpuesto a principios de junio, en que la decisión de la Generalitat de obligar a presentar las solicitudes de ayudas -incluso para las personas físicas- de forma telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana no tenía fundamento jurídico. Tampoco que se estableciera el plazo de 15 días hábiles, sin tener en cuenta la suspensión de plazos administrativos contemplado en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

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