La Conselleria, a través de la dirección general de Educación y Calidad Ambiental, ha completado el plan que durante los últimos dos años ha obligado a las empresas responsables del acopio ilegal a retirar y trasladar las balas de plástico no reciclables de procedencia industrial a instalaciones de gestión autorizadas. Una actuación sin coste para la administración autonómica, estimada en un coste de más de millón y medio de euros.
La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha destacado la solución diseñada por el departamento para poner fin a esta "agresión medioambiental" que llevó a las ocho mercantiles implicadas a acumular un total conjunto de 30.343.650 kilos de plásticos procedente de diferentes lugares del Estado, mediante un uso indebido de una antigua autorización de almacenamiento de residuos de construcción y demolición y sus subproductos recuperados.
El director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer, ha indicado que el material finalmente retirado asciende a más de 31.000 toneladas, ya que los trabajos han incluido la retirada de unas 700 toneladas adicionales de la antigua instalación autorizada de restos de residuos de construcción y demolición.
A mediados del año 2018 el Ayuntamiento de Utiel procedió al precintado de la planta y en enero de 2019 la Conselleria actuó de oficio para imponer a las depositarias el programa de retirada y limpieza, además de la apertura de varios expedientes y diligencias sancionadoras, uno municipal y varios autonómicos, tanto a la empresa local de Utiel como al resto de empresas de ámbito nacional que llevaron el material ilegalmente a la planta.
Mollà ha valorado el seguimiento y supervisión de la retirada de materiales controlada tanto por el ayuntamiento de Utiel como por los servicios de inspección ambiental y residuos de la dirección general de Calidad y Educación Ambiental. Asimismo, en estas labores de control han colaborado adicionalmente el Seprona y la Policía Autonómica.
A partir del 1 de enero de 2021, este tipo de actuaciones de acopios ilícitos vendrán grabadas, adicionalmente a las correspondientes diligencias sancionadoras, con un canon económico de penalización al vertido y abandono, de acuerdo a la medida incluida y aprobada en el proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat.
Esta medida autonómica, además, se vé reforzada por la información pública que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico acaba de promover a nivel nacional, en idéntico sentido que la normativa autonómica para este tipo de abandono de residuos de manera ilícita.
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