28.09.2018.- La campaña de la vendimia transcurre en la
Comunitat Valenciana con unos precios ruinosos para los productores, inferiores
en un 20% a los de la pasada, y que ocasionarían unas pérdidas según un primer
estudio elaborado por LA UNIÓ de Llauradors de unos 25 millones de euros que
serían superiores según la evolución de los precios hasta el final de la
campaña.
LA UNIÓ señala que un supuesto pacto entre los principales
industriales del sector puede estar detrás de esta situación, pues las
cotizaciones no se fijaron hasta la publicación de las tablillas a la baja por
parte primero de la Bodega Félix Solís y después calcándolas las de Vinartis
del grupo García Carrión. Las bodegas valencianas han seguido posteriormente la
misma tendencia negativa.
Estas prácticas vulneran sin duda la Ley de Mejora de la
Cadena Alimentaria, que obliga a que antes de que se recepcione el producto en
la bodega se tiene que haber firmado el correspondiente contrato, especificando
el precio, calidad, calendario de pagos etc. Y también la Ley de Defensa de la
Competencia, que establece que no puede haber acuerdo en la imposición de precios,
ni se permite el abuso de la posición de dominio. Pese a ello, año tras año,
las empresas más fuertes del sector vitivinícola imponen casi siempre la Ley
del más fuerte.
Los antecedentes de esta campaña no hacían presagiar este
desastre. La mala cosecha del año pasado, la existencia mínima de vino en las
bodegas (se habla de 3,3 Mhl de vino menos en España, la cantidad más baja de
la última década) y el incremento de las exportaciones eran argumentos
suficientes para que no se produjera la situación actual.
LA UNIÓ solicitará a la Agencia de Información y Control
Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, que actúe de
oficio e investigue estas posibles prácticas fraudulentas y en su caso
endurezca las sanciones con el objetivo de que no se repitan año tras año.
Luis Javier Navarro, miembro de la comisión ejecutiva de LA
UNIÓ, indica que “no entendemos los precios ruinosos que nos quieren pagar pues
no se ajustan de ninguna manera a las circunstancias del mercado y producción
actuales, con existencias en bodegas y cooperativas casi nulas, y unas
exportaciones en aumento; lo que pone de manifiesto que los beneficios no
repercuten en los viticultores”. En este sentido, Navarro reclama a Conselleria
y Ministerio de Agricultura a que “no concedan ni un euro de subvenciones
públicas a aquellas industrias que arruinan a los productores de la Comunitat
con unos precios indignos”.
La vendimia de este año había vuelto en las zonas
productoras de nuestro territorio, tras unos años de adelanto, a las fechas
habituales de recolección de épocas anteriores. Se preveía una cosecha de una
cantidad un poco mayor de los 300 millones de kg, prácticamente la misma
producción que la campaña 2017-2018. La calidad de la uva es, hasta la fecha,
realmente óptima y de momento no existen problemas fitosanitarios relevantes.
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