
Con esta iniciativa, en la que colabora el Instituto de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (ITACA) de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV), la institución valenciana pretende acabar con la
pobreza energética en sus municipios, apostando por un modelo sostenible y
respetuoso con el medioambiente.
En concreto, el proyecto pretende que, a través de una
plataforma especializada que se incorporará a la Central de Servicios
Innovadores de la Diputación, sean los propios Consistorios los que puedan
adquirir la energía eléctrica evitando a las empresas suministradoras.
A través de esta compra energética inteligente, se apuesta
por la democratización de la energía, persiguiendo un modelo sostenible,
eficiente y socialmente orientado.
Esto implicaría una reducción del 50% del gasto en energía
eléctrica para los municipios, además de permitir a las administraciones
públicas el asegurar la electricidad en los hogares en los que la situación
económica no permite hacer frente a las facturas de la luz.
Así lo han explicado en la reunión mantenida el 14 de junio
en la Diputación de Valencia, entre la institución valenciana, la UPV, dos
empresas tecnológicas y los cinco municipios valencianos que desarrollarán los
pilotos, Lliria, Sinarcas, Alginet, Chera y Quart de Poblet.
Ante ello, el diputado provincial Bartolomé Nofuentes ha
asegurado que “no se trata solo de reducir costes económicos, al eliminar a los
intermediarios, sino de asegurar la asistencia social en los casos que se
requiera y erradicar la pobreza energética”.
“Tener electricidad en casa es una necesidad básica y
tenemos que poner en marcha medidas que lo equiparen a la sanidad o la
educación públicas”, ha aseverado el diputado.
De igual manera, Nofuentes ha destacado la importancia de
que “la Diputación sea el motor de la transformación energética, liderando el
diálogo entre los agentes sociales y económicos y apostando por una gobernanza
multinivel en la que lo público y los socios tecnológicos trabajen
conjuntamente”.
Por último, otro de los aspectos que se han destacado de la
iniciativa es que, al convertirse en distribuidores de la energía, los
Ayuntamientos gestionarán de manera activa la demanda, conociéndola y
controlándola, empoderando así tanto al usuario como a los agentes públicos.
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