18.01.2018.- LA UNIÓ de Llauradors solicitó en el día de ayer durante una
reunión con el Ministerio de Agricultura una serie de medidas urgentes y
efectivas que sirvan para compensar en parte los más de 300 millones de euros
en pérdidas causadas por la sequía durante los últimos meses en la Comunitat
Valenciana ya que las propuestas que existen hasta la fecha son totalmente
insuficientes.
Junto al resto de organizaciones territoriales de la Unión
de Uniones, los representantes de LA UNIÓ han trasladado al sudbirector general
de Análisis, Prospectiva y Coordinación del Magrama, Gonzalo Eiriz y al
director de ENESA, Jose María de Francisco, las medidas planteadas para mitigar
los problemas de los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana
derivados de la falta de agua.
LA UNIÓ ha pedido que se pongan en marcha los mecanismos
permitidos por la Unión Europea y se otorguen las ayudas directas de mínimis a
todos los agricultores y/o ganaderos profesionales para compensar, al menos,
parcialmente, los daños causados por la ausencia de precipitaciones en sus
explotaciones, incrementando el tope máximo por explotación de 15.000 € que
permite la UE, en función de las unidades productivas de superficie o ganado de
cada explotación.
También ha reclamado una ayuda al pago de la energía
eléctrica de los pozos y motores de riego, pues la falta de lluvia provoca un
incremento de riego y en consecuencia un aumento de horas riego y de bombeo;
así como la reducción o exoneración del pago de tarifa de utilización de agua y
la correspondiente al canon de regulación, considerándolo un sinsentido en la
situación en la que se encuentran muchas explotaciones y cultivos. En este
mismo sentido se ha instado al Magrama a la exención del pago por la
disponibilidad de agua para la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (cuota
tarifa utilización agua y canon regulación, aportaciones a los gestos fijos y
variables de funcionamiento de la tarifa de conducción de las aguas de los
ejercicios 2017 y 2018 y la cuota de 2017 y 2018 de la tarifa de conducción de
aguas por la infraestructura del postrasvase).
En cuanto a los seguros agrarios, ha demandado que se
incorpore en las líneas de seguro de cultivos de regadío una nueva cobertura de
sequía hidrológica, actualmente inexistente. Así mismo ha solicitado la
exención de las cotizaciones a la Seguridad Social, por un período de doce
meses, y no moratoria como ha sido publicado mediante la Orden ESS/1006/2017,
de 19 de octubre. También ha propuesto la exención del pago anual del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (IBI) compensando a los Ayuntamientos a través de los
Presupuestos Generales del Estado o las reducciones de los módulos fiscales en
el IRPF. Sobre este tema ha propuesto para los titulares que tributen por el
sistema de estimación directa en el IRPF el incremento de los gestos de difícil
justificación del 5 al 20% por los trabajos realizados para paliar la sequía.
Igualmente, LA UNIÓ ha indicado que los créditos tienen
problemas, al no conceder SAECA los avales necesarios. “Los productores entran
en un bucle sin fin y no consiguen nada y se debe cambiar la forma de otorgar
estos créditos y préstamos para aquellos que los necesitan. Si tienen que tener
dinero para acceder a los préstamos, igual es que tampoco los necesitan” – han
explicado. Por otro lado, la organización ha insistido en la necesidad de dotar
de presupuestos a la Ley de Sequía que actualmente está en tramitación en el
Senado, así como de contemplar medidas concretas para evitar que se convierta
en un brindis al sol o una mera declaración de intenciones. En este sentido,
están previstas en agenda varias reuniones con los grupos parlamentarios para
trasladarles éstas y otras propuestas encaminadas a crear una Ley de Sequía que
favorezca de verdad al campo y resuelva los problemas de los productores.
