26.01.2018.- La prohibición de quemar restos agrícolas de manera
indefinida quedará suspendida a partir de la semana que viene, según ha
trasladado el Secretario Autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro en una
reunión mantenida con una representación de LA UNIÓ de Llauradors, encabezada
por su secretario general Ramón Mampel. Álvaro estaba acompañado de la
Directora General de Prevención de Incendios Forestales, Delia Álvarez.
Conselleria ha indicado que podría volver a establecer dicha
prohibición, en vigor desde el pasado 6 de enero, si las circunstancias
climatológicas vuelven a ser adversas con elevadas temperaturas y ausencia de
precipitaciones-. LA UNIÓ es consciente del peligro que existe con esas
condiciones, pero cree que hay que compatibilizar en la medida de lo posible la
prevención de incendios con las necesarias prácticas agrícolas. En este aspecto
lleva desde hace años aconsejando a los agricultores que extremen las
precauciones a la hora de quemar sus restos y que eviten hacerlo cuando la
climatología no lo permita y también insistiendo en que los Ayuntamientos
elaboren sus planes de quema locales.
LA UNIÓ había pedido a Conselleria que se levantara dicha
prohibición para poder efectuar los imprescindibles trabajos de poda que deben
realizar estos días los agricultores en sus campos y evitar su masivo
amontonamiento en los mismos que provoca la posible propagación de plagas en
las explotaciones y la mayor presencia de fauna salvaje, así como un posible
foco de incendios.
En este sentido, la Organización Profesional Agraria indicó
que muchos agricultores no disponen de alternativas, salvo las quemas, para
deshacerse de las podas y una iniciativa interesante sería la concesión de
incentivos económicos para la compra de trituradoras. Julià Álvaro señaló que la
Conselleria de Agricultura destinará una partida económica para posibilitar esa
adquisición por parte de los productores.
En el transcurso de la reunión, LA UNIÓ también ha insistido
a Conselleria de Agricultura en la necesidad de agilizar la tramitación de los
expedientes de las explotaciones ganaderas sometidas a impacto ambiental. El
retraso en esa tramitación provoca un grave quebranto entre los ganaderos a la
hora de poner en marcha sus explotaciones y desde Medio Ambiente se ha indicado
que se van a poner todos los medios posibles para agilizarlas.
En este aspecto, LA UNIÓ también ha pedido a Conselleria
revisar los umbrales de impacto ambiental para las explotaciones ganaderas
porque son diferentes a los de otras comunidades autónomas, lo que pone a
nuestros ganaderos en inferioridad de condiciones respecto a sus homólogos de
otras zonas. Por ejemplo, en comunidades autónomas vecinas como Aragón o
Castilla La Mancha las explotaciones de porcino de engorde a partir de 2.000
plazas están obligadas a la tramitación de impacto ambiental, mientras que la
Comunitat Valenciana se sitúa el límite en 400. Una declaración de impacto
ambiental le supone al ganadero mayor gasto, más trámites burocráticos y un
retraso para iniciar su actividad.
